OBJETIVO
Transcurrido más de un año de la publicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas, se hace necesario analizar esta norma en la aplicación práctica, con sus aciertos y los problemas que plantea. En particular, a la hora de proteger a los informantes y a la vez garantizar los derechos de los afectados en el marco de un procedimiento de investigación. Conocer las garantías constitucionales y procesales, así como los límites que deben atenderse por parte de los responsables de los sistemas internos y externos de información, es fundamental para poder conseguir los objetivos que se persiguen: establecer mecanismos de prevención y detección de irregularidades, fraudes, corrupción y otras prácticas contrarias a la ley que perjudican el interés público y que van en contra de la integridad de las instituciones.
DIRIGIDO A
Este curso va dirigido, principalmente, a los responsables de los sistemas internos y externos de información, con el objetivo de proporcionar la formación adecuada a la hora de tomar decisiones acertadas para, por un lado, conseguir que los sistemas sean mecanismos de prevención y detección eficaces y, por otro lado, para que no sean vulnerados derechos y garantías constitucionales en la tramitación de las informaciones que se reciban.