El pasado 4 de marzo, el Gobierno de España aprobó el Anteproyecto de Ley para proteger a las personas que informen sobre corrupción por la que se transpone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (Directiva Whistleblowers), del que ya ha concluido su fase de audiencia previa.

Si bien es cierto que el texto debe superar toda la tramitación parlamentaria y probablemente sea objeto de alguna modificación y matización, el sistema ya está básicamente perfilado en lo que refiere a sus aspectos básicos y, por ello, en este Webinar vamos a analizar qué novedades presenta para el sector público y privado.

En definitiva, las entidades del sector público, las pymes de más de cincuenta trabajadores, incluida la gran empresa deberán establecer un sistema interno de información (“canal de denuncias” o “canal de alertadores”), que será completado con un canal de denuncias externo, por lo que resulta necesario tener previsto los recursos tecnológicos y las personas especializadas con la debida formación jurídica y técnica, que serán responsables de la correcta gestión, seguridad y confidencialidad de las informaciones recibidas.

Este seminario está dirigido a especialistas e interesados en programas de cumplimiento normativo, delegados de protección de datos, directivos de empresas de más de cincuenta trabajadores, responsables de partidos políticos, de sindicatos, de patronales y las fundaciones que reciban o gestionen fondos públicos y, en definitiva, cualquier persona que preste asesoramiento a instituciones públicas o privadas.