OBJETIVO

El 21 de febrero de 2023 se publicó en el BOE la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, llamada “Directiva Whistleblower”.

Ambas normas contemplan la obligación de comunicar aquellas actuaciones que puedan suponer un perjuicio para el interés público, otorgando a las personas que comunican dichas actuaciones un papel fundamental en la lucha contra el fraude y la corrupción.

Así, se impone la obligación de implantar un Sistema Interno de Información (también denominado Canal de Denuncias) como medida de detección del fraude y la corrupción,  tanto en las entidades del sector público como en las entidades del sector privado que tengan más de 50 trabajadores, debiendo implantarlo dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley, esto es, antes del 13 de junio de 2023, contemplando otros plazos relevantes para adaptar los canales externos de denuncia.

El presente curso pretende explicar los aspectos más relevantes a tener en cuenta para la implantación de los distintos sistemas de información de irregularidades, haciendo especial hincapié en la comunicación/denuncia a realizar, el procedimiento a seguir y las medidas de protección de los informantes para minimizar el riesgo de sufrir represalias por sus informaciones.

DIRIGIDO A

El presente curso se dirige tanto a las entidades del sector público como a las entidades del sector privado, al ser una normativa aplicable a todas ellas, afectando a trabajadores de entidades privadas, así como a los funcionarios y empleados públicos.